El director de IDL Reporteros siente muy cerca el peso de la ley. La Fiscalía ya no está dispuesta a perdonarle nada y podría pasar hasta ocho años tras las rejas.
Todo explotó cuando el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde envió un informe demoledor al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. En ese documento legal, piden autorización inmediata para procesar penalmente a Gorriti por cohecho.
La acusación señala que este polémico personaje habría usado a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para manejar a su antojo la famosa investigación del Caso Cocteles.
Según las investigaciones, la fiscalía sostiene que estos fiscales se beneficiaron con la cobertura periodística del medio de Gorriti. A cambio, el medio habría recibido información secreta de casos en curso.
Ante este terrible panorama, el desesperado operador político ha tenido que pedir ayuda internacional. A través de sus propias redes, Gorriti reveló con orgullo que recibió un salvavidas desde la ciudad de Nueva York.
El periodista publicó una carta enviada por Joel Simon, un alto representante de la Escuela de Periodismo Craig Newmark de la universidad CUNY. Esta misiva está dirigida directamente al Fiscal de la Nación para frenar el juicio.
En ese documento internacional, se intenta poner un alto al proceso penal argumentando ataques contra el trabajo de la prensa. Gorriti no dudó en sacar pecho por esta ayuda extranjera para intentar frenar a los fiscales.
El propio Gorriti citó con desesperación lo que escribió su aliado desde los Estados Unidos. El texto internacional dice textualmente: “Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa”.
Con estas palabras, busca convencer a todos de que la acusación en su contra es únicamente una persecución por su trabajo como periodista. Quiere hacer creer que el informe del 10 de julio es una simple venganza.
Sin embargo, los graves cargos por cohecho activo específico son muy claros en la ley peruana. Este delito castiga duramente a quien ofrece o entrega cosas de valor a las autoridades para influir en sus decisiones.
Muchos peruanos recuerdan claramente que este tipo de delitos graves contempla penas de cárcel que van de cinco a ocho años. Por esa razón, el pánico es total en las oficinas de su medio.
Hoy todo el país observa impresionado cómo el intocable hombre fuerte de las sombras corre a refugiarse en comunicados extranjeros. La ciudadanía exige que la justicia avance sin miedo ante quienes manejaban los casos más graves del Perú.
