La justicia tarda, pero llega con todo el peso de la ley para los que traicionaron la confianza del pueblo. El nefasto político Roberto Sánchez finalmente se sentará en el banquillo de los acusados para responder por sus oscuros manejos. La ciudadanía exige hoy el mayor castigo contra este personaje que intentó engañar a todos los peruanos.
El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial por el presunto delito de falsedad en los reportes presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Dinero sucio en la campaña electoral que pretendía esconderse sin dejar rastro entre los años 2018 y 2020.
Hoy, Sánchez actúa como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, pero su tiempo de impunidad terminó. La Fiscalía ha solicitado formalmente cinco años y cuatro meses de prisión para este exaspirante. Imaginen la desgracia que habría sufrido el país si este sujeto lograba alcanzar la mismísima presidencia de la República.
El magistrado Saúl Peña Farfán dispuso que el expediente del caso sea remitido con carácter de urgencia al Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima. Aunque el acusado intente defenderse y dilatar las investigaciones, la resolución fue clara: la apelación no suspenderá el juicio oral. No hay escapatoria para quien jugó sucio con la democracia.
Pero el escandaloso comportamiento de su entorno no se queda ahí. Se ha destapado una verdad temible que indigna a toda la nación. Sombra terrorista en las oficinas del Parlamento amenaza la seguridad de la patria desde adentro de las propias instituciones del Estado.
Al menos ocho trabajadores de la bancada de Juntos por el Perú figuran en el planillón del Movadef, el conocido brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso. Asesores y técnicos con antecedentes peligrosos que hoy reciben dinero de todos los peruanos. Uno de estos cuestionados casos corresponde al diputado por Puno César Tito Rojas. Llevar a senderistas al Congreso es una afrenta directa que el pueblo jamás podrá perdonar.
A esta grave infiltración se suma la conducta irresponsable de un grupo parlamentario que busca paralizar a la nación. Juntos por el Perú ha sido expuesto ante la opinión pública como una bancada plenamente obstruccionista que frena el avance del país con maniobras políticas sin sentido. Sus constantes intentos de censura e interpelación generan caos en un momento muy delicado.
Resulta inaceptable proponer en estos días, con tres emergencias en ciernes como El Niño, la inseguridad y la posibilidad de un sismo de gran magnitud, interpelaciones absurdas a ministros que recién empiezan a trabajar. Obstruir el trabajo por puro apetito político demuestra que poco les importa el verdadero bienestar de las familias peruanas.
Incluso intentaron interpelar al ministro de Energía y Minas culpándolo sin sentido por la subida de los combustibles. Prototipo de la ignorancia y la mala fe, tuvieron que dar marcha atrás ante la ola de críticas. Pretendían culparlo hasta por las crisis que ocurren a nivel internacional.
Por todo esto, la sociedad entera exige una sanción ejemplar. Roberto Sánchez debe pagar por todo el daño causado a las instituciones. Quienes usan la política para enriquecerse y protegen a grupos radicales deben terminar encerrados tras las rejas. Llegó la hora de la verdadera justicia para el Perú.
