Ahora si se frego Gorriti
¡Un nuevo escándalo político sacude al Perú! ¡El operador político Gustavo Gorriti ha recibido un golpe devastador que pone en jaque a su ONG fachada, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la cual ha sido señalada por sus prácticas opacas y su rechazo flagrante a la fiscalización! En un giro inesperado, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), hasta ahora conocida por su pasividad frente a las grandes ONGs, ha decidido abrir un procedimiento administrativo sancionador a la famosa organización de Gorriti. ¡Un precedente que podría sacudir los cimientos de la cooperación internacional en el país!
¿La razón de este histórico enfrentamiento? Un proyecto millonario que, según la APCI, se ejecutó bajo la sombra de la opacidad y el desdén absoluto por las normativas de fiscalización. Se trata del controversial proyecto denominado “Una institucionalidad democrática con derechos ante riesgos y amenazas en contexto de pospandemia de cambio institucional y demandas postergadas,” un título largo pero que esconde una historia de manejos oscuros. ¡Un millón 350 mil dólares financiados por Open Society, la organización global de George Soros! ¿Quién está detrás de estos fondos? ¡Nada menos que el mismo Gorriti, famoso por su vinculación con poderosos intereses extranjeros!
Este proyecto, que se extendió por tres años, no solo pone en duda la verdadera intención de IDL, sino que también ha puesto en evidencia una de las prácticas más turbias que ha tomado forma bajo el manto de la cooperación internacional: el uso de ONGs como fachadas para controlar y manipular organismos clave del Estado. El escándalo no termina ahí, pues la APCI ha documentado que IDL firmó hasta seis convenios para ejecutar este proyecto millonario, ¡y cada uno de esos convenios está lleno de irregularidades!
Lo más sorprendente de todo es que, al intentar verificar cómo se gastaron esos 1.350.000 dólares, la APCI eligió a una ONG aliada de IDL, Comisedh, para que brindara los detalles sobre la ejecución del proyecto. Sin embargo, lo que sucedió fue aún más indignante. En noviembre de 2024, cuando los representantes de la APCI llegaron al lugar donde se encontraba la ONG Comisedh, se encontraron con una total falta de respuestas. ¡Ni rastro de la información que tanto necesitaban! A pesar de que la fiscalización estaba en marcha, la entrevista nunca se realizó y el dinero otorgado por Open Society se fue por el desagüe sin que nadie rindiera cuentas.
Aún más alarmante fue el informe de la APCI que confirma que la responsable financiera de IDL, Angie Gutiérrez, admitió que la ONG Comisedh, con la cual se firmó el convenio, simplemente no respondía. ¿Cómo es posible que una ONG tan prominente, que maneja tanto dinero y está ligada a una figura como Gorriti, no pueda siquiera cumplir con los procedimientos más básicos de fiscalización? ¡Esto huele a una estrategia para ocultar la verdad!
Ante tal panorama, la APCI no tuvo más opción que imponer una multa de 34 mil soles a IDL, un castigo que, aunque considerable, parece una mínima parte del daño causado. La ONG de Gorriti no solo violó las normativas, sino que también demostró un claro interés en dilatar los plazos de fiscalización, impidiendo que se verificara el cumplimiento de las actividades del proyecto. ¡Un golpe durísimo para quienes defienden a Gorriti y su red de influencia!
Este escándalo deja al descubierto las prácticas oscuras de un sistema que se ha alimentado durante años de fondos millonarios, sin ninguna rendición de cuentas. Lo más grave de todo es que la fiscalización sigue sin poder entrar de lleno en las entrañas de estos proyectos. El nombre de Gorriti ahora está irremediablemente manchado, y la cooperación internacional, que alguna vez se creyó una herramienta de cambio, está siendo utilizada como un medio para el control político. ¡El Perú exige respuestas! ¿Será este el principio del fin para el operador político Gorriti y su red de ONGs fachada? ¡El tiempo lo dirá!
