Indignante acaba de salirse con la suya
La justicia en el Perú vuelve a tambalearse. Esta vez, el epicentro de la polémica es Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, el popular exconductor de televisión hoy sindicado por graves actos de corrupción.
Sin embargo, más allá de las acusaciones, lo que ha encendido las alarmas es la forma en la que el investigado estaría maniobrando, desde la prisión, para entorpecer el proceso en su contra. Una reciente y sorpresiva decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha dejado al descubierto lo que podría ser una de las jugadas más sucias de Hurtado para buscar su salida anticipada de prisión.
El pasado 14 de abril, en el diario oficial El Peruano, se publicó una resolución que pasó desapercibida para muchos, pero que dentro del aparato judicial generó conmoción. En este documento, firmado por la fiscal Espinoza, se dio por concluida la designación de la fiscal suprema adjunta Alejandra Cárdenas en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Esta fiscalía, liderada por el fiscal Alcides Chinchay, es la encargada de llevar el caso contra Hurtado.
Aunque no se explicaron las razones de esta repentina decisión, los antecedentes recientes apuntan a un oscuro trasfondo. Desde febrero, diversos reportes periodísticos, especialmente de Perú21, revelaron que Hurtado venía manifestando una serie de quejas formales e informales contra la fiscal Cárdenas.
En una diligencia llevada a cabo en el penal de Lurigancho, el exconductor le expresó directamente a Cárdenas que no confiaba en ella, que se sentía intimidado por su accionar y hasta la acusó de filtrar información a la prensa. Además, habría solicitado hablar directamente con la fiscal de la Nación, buscando su remoción.
La coincidencia entre estas presiones y la salida de Cárdenas del caso no puede ser pasada por alto. La fiscal fue trasladada a otra fiscalía que, si bien también investiga delitos cometidos por funcionarios públicos, ya no tiene relación directa con el expediente de Hurtado. Esto significa, en términos prácticos, que una de las principales operadoras de la investigación —quien coordinaba diligencias y seguía los rastros de la red de corrupción— ha sido removida en un momento clave.
El caso que se investiga no es menor. Según la tesis del Ministerio Público, Andrés Hurtado habría actuado como intermediario entre el empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. El objetivo: lograr la devolución de cinco barras de oro incautadas a la empresa Las Lomas Doradas en 2020. Para ello, Miu Lei habría desembolsado un millón de dólares, de los cuales la mitad habrían sido entregados en efectivo a ‘Chibolín’, en una bolsa negra.
La justicia determinó prisión preventiva por 18 meses para Hurtado en este caso. A ello se suma una segunda orden de prisión preventiva por otros nueve meses, en un caso relacionado con Migraciones. Sin embargo, con la reciente remoción de la fiscal Cárdenas, los indicios apuntan a que Hurtado, aún desde prisión, continúa operando con influencias que le permiten moldear el camino judicial a su favor.
La gran pregunta que queda es: ¿por qué la fiscal de la Nación accedió a una exigencia velada de un detenido acusado de corrupción? ¿Quién o quiénes están detrás de esta movida que amenaza con debilitar el proceso judicial? La ciudadanía exige transparencia, y sobre todo, justicia. Porque si un personaje como Andrés Hurtado puede mover los hilos del Ministerio Público desde su celda, entonces no estamos hablando solo de un escándalo, sino de una crisis institucional de proporciones alarmantes.
¿Hasta cuándo permitiremos que se burle la justicia?
