¡Una infame cacería política estremece al país entero! Los sectores de la izquierda radical han desatado una ofensiva sin precedentes para castigar a quien tuvo el coraje de levantar la voz frente a la injusticia.
Hoy nos ponemos de pie en total y absoluta solidaridad con el legislador Fernando Rospigliosi. El parlamentario sufre una despiadada embestida por atreverse a respaldar a los soldados y policías que defendieron a la patria con su propia vida.
La senadora Mirtha Vásquez, de la bancada Ahora Nación, encabezó este zarpazo presentando una denuncia constitucional que busca apartarlo de toda función pública. La meta de estos grupos es clara: inhabilitar por diez años a un líder incómodo para sus planes.
A este ataque se sumaron de inmediato figuras conocidas como Indira Huilca y Jaime Quito. Con un expediente de 29 páginas, los sectores comunistas pretenden arrodillar a quien jamás dudó en dar la cara por las fuerzas armadas.
El verdadero motivo de esta persecución es la defensa firme de las normas sobre prescripción de delitos. Mientras malos jueces pisotean las leyes aprobadas por el Parlamento, se pretende amordazar a quienes señalan estas irregularidades con el dedo en alto.
Nuestros valerosos defensores de la paz sufren el acoso diario de jueces prevaricadores que actúan con odio. Son magistrados que tuercen el derecho para condenar a los héroes que vencieron al terrorismo en los momentos más oscuros de la nación.
En lugar de proteger a los patriotas, la izquierda prefiere utilizarlos como trofeos de revancha. Pretenden acusar a Rospigliosi de cometer una supuesta infracción a la Carta Magna solo por ejercer su legítimo deber de fiscalizar la podredumbre judicial.
El texto de la denuncia afirma falsamente que el legislador vulneró el equilibrio de poderes. Incluso sostienen que incurrió en “amenazas públicas y reiteradas de barrer el sistema judicial”, buscando pintar una simple verdad como un acto de intimidación.
Decir las cosas claras no es amedrentar, sino defender el honor de los soldados. La denuncia acusa al congresista de haber sobrepasado los límites de la crítica institucional, cuando lo único que hizo fue rechazar fallos que desamparan a combatientes ancianos.
Los acusadores exigen ahora máxima celeridad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Quieren apresurar el trámite a toda costa para lograr un juicio político exprés y concretar un castigo que manche una trayectoria intachable de servicio al país.
No podemos permanecer en silencio ante semejante atropello maquinado desde las sombras del extremismo. El pueblo rechaza este complot vergonzoso que busca castigar el valor cívico y premiar la venganza ideológica de quienes nunca quisieron la pacificación de la patria.
La causa de Fernando Rospigliosi es hoy la causa de cada veterano olvidado y perseguido. ¡Basta de persecución contra los héroes! La historia no perdonará a los jueces prevaricadores ni a los políticos resentidos que buscan destruir a los defensores del Perú.
