El telón cae de manera estrepitosa sobre la carrera electoral de Raúl Noblecilla, el cuestionado aspirante al Senado cuya candidatura se sostenía sobre una base cada vez más frágil. En medio de un clima de indignación pública, su nombre queda marcado por un prontuariado de denuncias y episodios que hoy vuelven a encender la alarma nacional. El proyecto político que buscaba proyectar se derrumba bajo el peso de los hechos.
Según reveló el diario El Comercio, Karelia Aguilar Zamora, ciudadana cubana, lo denunció por una agresión física ocurrida en un domicilio de Miraflores. El 27 de noviembre, la Policía acudió a la vivienda para una inspección, pero lo que encontraron fue un intento desesperado de evadir a la justicia. Un habitante del hogar entregó DNI falsos para frustrar las citaciones dirigidas contra Noblecilla. El escenario fue aún más tenso cuando se realizó un segundo intento de notificación: en la casa se negaron a recibir los documentos y cerraron la puerta al agente, dejando un inquietante signo de resistencia.
Pero este no habría sido un caso aislado. Otro episodio de violencia se remonta a mayo de 2015, cuando Aguilar Zamora volvió a denunciar a Noblecilla por violencia familiar en la comisaría de Surco. El parte policial describe una situación explosiva. Gritos, insultos y ataques verbales no solo contra la denunciante, sino también contra su madre y una trabajadora del hogar, todo frente a sus dos hijos menores. La escena, según la denuncia, se desató luego de que ella le reclamara por retirar muebles del domicilio familiar para amoblar su oficina política.
Consultado por El Comercio, Raúl Noblecilla negó haber ejercido violencia contra su exesposa. Sin embargo, sorprendió al afirmar que ella “no mintió”, insistiendo en que se trató únicamente de una discusión de pareja. Una declaración que, lejos de despejar dudas, deja un eco inquietante en la opinión pública.
El historial del candidato arrastra también una sentencia. En 2015, fue condenado por lesiones culposas e imprudencia tras protagonizar un accidente mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Noblecilla reconoció haber cumplido con prisión suspendida, reparación civil y tres años sin licencia. Un antecedente que golpea directamente su credibilidad para ejercer un cargo de responsabilidad nacional.
En mayo de 2016, otra denuncia sacudió su nombre. Diego Marrero Boisset lo acusó de agresión y amenazas tras un incidente en un Starbucks de San Borja. Según el denunciante, Noblecilla habría filmado sin consentimiento a él y a sus hijas menores, y al ser confrontado, respondió con insultos y amenazas físicas. Un episodio que alimenta el patrón de conducta violenta que sus detractores señalan.

A ello se suman procesos archivados, como una supuesta revelación indebida de identidad, una investigación por patrocinio ilegal en 2022 y una denuncia por estafa en Piura en 2010. Con este panorama, la caída de Noblecilla no es solo electoral, sino moral y pública, dejando tras de sí un escándalo que sacude la política peruana.



