En agosto seria el fin de Castillo
El reloj avanza y la justicia le pisa los talones al expresidente Pedro Castillo, quien está a punto de recibir una sentencia histórica por su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Tras meses de audiencias, testigos clave y evidencias demoledoras, el juicio contra el exmandatario chotano entra en su etapa final. Y según fuentes judiciales, la sentencia podría conocerse en agosto, en un veredicto que marcará un antes y un después en la política peruana.
La Fiscalía no se anda con rodeos y ha solicitado 34 años de cárcel para Castillo Terrones por rebelión y conspiración para quebrar el orden democrático. No se trata de simples acusaciones políticas: las pruebas son abrumadoras. Desde el video donde, con rostro desencajado, anunció en vivo la disolución inconstitucional del Congreso, hasta las comunicaciones que confirman su desesperado intento de huida hacia la embajada mexicana, todo indica que Pedro Castillo trató de convertirse en dictador y fracasó estrepitosamente.
Además, se pidió 25 años de prisión para su entonces primera ministra Betssy Chávez y 15 para su fiel escudero legal, el exasesor Aníbal Torres. A estas alturas, todo parece indicar que la justicia no tendrá contemplaciones con los traidores a la patria.
Durante el juicio, 20 testigos de peso, incluidos altos mandos policiales como Raúl Alfaro y Jorge Angulo, no dudaron en señalar que Castillo dio la orden directa de cerrar el Congreso y arrestar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Fue un intento burdo y desesperado por aferrarse al poder”, aseguró uno de ellos.
Los congresistas Diego Bazán, Adriana Tudela y Vivian Olivos también contaron cómo fueron impedidos por la policía de ingresar al Parlamento, mientras el mensaje presidencial se transmitía por cadena nacional. A esto se suman los rastros digitales del decreto golpista, hallados en la computadora personal del entorno de Castillo, que demuestran que todo estaba fríamente calculado.
Y mientras las pruebas lo aplastan, Castillo guarda silencio y se niega a declarar. Su defensa, encabezada por Walter Ayala, ha intentado anular el proceso con recursos legales y hasta ha recurrido a la CIDH para exigir su restitución. Pero los días de jugar al mártir se le agotan. Según el artículo 34-A de la Constitución, una sentencia condenatoria en primera instancia lo dejaría fuera de la política para siempre.
Además de los años de cárcel, la Fiscalía ha pedido que se le inhabilite por 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos. Todo esto tendría que resolverse antes del 23 de diciembre, fecha límite para las inscripciones electorales, lo que haría de la sentencia un punto de quiebre que limpiaría el tablero político nacional.
¿Se hará justicia? ¿O veremos una nueva maniobra para salvar al golpista de Chota? Lo cierto es que agosto podría ser el mes donde el Perú diga basta y siente un precedente ejemplar contra la corrupción y el autoritarismo
